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El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) discute este jueves la situación política de Libia, nación africana que atraviesa una crisis de violencia e inestabilidad luego de la intervención extranjera que derrocó el gobierno y asesinó a su líder, Muamar El Gadafi, en 2011.
El representante de Venezuela ante el Consejo, Rafael Ramírez, manifestó el respaldo pleno del Gobierno venezolano a la propuesta del enviado especial de la ONU a Libia, Bernardino León, quien llamó a un diálogo entre las facciones armadas que se disputan el poder político en la nación africana, para conformar un gobierno de unidad nacional que permita comenzar un proceso de restablecimiento de la paz y la institucionalidad en ese país.
«Venezuela reitera que el diálogo político incluyente y el establecimiento de un gobierno de unidad nacional son la base para la construcción de un estado de derecho, con instituciones judiciales sólidas, a través de las cuales se garantiza la promoción y el respeto a los derechos humanos», destacó Ramirez.
Ratificó el apoyo de Venezuela «a los esfuerzos para alcanzar una solución política a la crisis y así garantizar que retorne la paz al pueblo de Libia, requisito indispensable para reconstruir la institucionalidad que fue destruida durante la intervención extranjera del 2011, y cuyas secuelas se extienden hasta el día de hoy, con un país desmembrado y preso de grupos terroristas».
El órgano de la ONU de 15 miembros, actualmente presidido por el Reino Unido, incluyó en la agenda de discusión las intervenciones de Bernardino León y de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para el caso de Libia, Fatou Bensouda.
Ramirez definió la posición de Venezuela en cuanto a la importancia de la existencia de la CPI, como órgano de derecho internacional que debe trabajar en la universalización de sus estatutos, con el fin de disminuir la impunidad judicial en los países y aseveró que la politización de este ente internacional incide de forma negativa sobre el papel que debe cumplir.
«Al tiempo de reafirmar la importancia de la CPI, nos preocupa, sin embargo, la celeridad procesal que se le ha dado a algunos casos en el pasado con motivaciones políticas, así como la intervención del Consejo de Seguridad en la remisión de asuntos cuya jurisdicción pertenece a la Corte Penal Internacional, tal como sucedió con Libia, lo cual evidencia la parcialización de las decisiones sobre las que debería actuar la comunidad internacional», indicó el embajador.
Ramírez ratificó la oposición de Venezuela al procesamiento judicial y condena de prisioneros políticos libios por parte de las autoridades de esa nación, en un panorama nacional bélico que evidencia la ausencia de garantías constitucionales y de derechos humanos.
«De allí que Venezuela rechace la decisión del tribunal de Trípoli, en julio pasado, de condenar a pena capital, en ausencia, a Saif Gadafi (hijo de Muamar el Gadafi), así como a otros ciudadanos libios, por considerar que no hay garantías procesales para asegurar un juicio justo. Este veredicto ha sido rechazado a nivel internacional por diversas organizaciones, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (de la ONU)», destacó.
Venezuela, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, hizo un llamado a las autoridades libias «a colaborar con la CPI a objeto de transferir a Saif Gadafi a La Haya para que sea juzgado en el marco del debido proceso con pleno respeto a sus derechos humanos».
AVN