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Foto: Archivo
El regreso a prisión de la dirigente social argentina Milagro Sala quebranta la medida cautelar que dictó en su beneficio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 28 de julio, advirtió el propio organismo.
“Traslado a la cárcel de Milagro Sala caracteriza incumplimiento de medida cautelar vigente”, remarcó en su cuenta de Twitter la entidad, que se encuentra bajo la jurisdicción de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Comisión observó su “preocupación” por el regreso de la activista al “Penal del Alto Comedero”, situado al sur de la capital de la provincia de Jujuy, San Salvador (norte).
La líder de la organización barrial Tupac Amaru estuvo detenida allí de forma preventiva desde enero de 2016 y hasta el pasado 31 de agosto, cuando se efectivizó su traslado a una viviendaa 30 kilómetros de la capital provincial.
La justicia jujeña había concedido la prisión domiciliaria a la dirigente social el pasado 16 de agosto, en reconocimiento a la resolución de la CIDH, que por primera vez, concedió una medida cautelar a favor de la libertad de una persona.
La Comisión también alertó sobre el “potencial agravamiento del riesgo de daño a la vida e integridad de Milagro Sala”.
Contexto
El regreso de la líder social a la cárcel se produjo a las 7 de la mañana del sábado sin notificación de por medio “y a la fuerza”, según denunció la Tupac Amaru.
El jefe de Comunicaciones del Poder Judicial jujeño, Pablo Ponce, alegó que el encarcelamiento se produjo porque la dirigente social incumplió el día anterior una cita pautada para realizarse en un hospital diversos estudios médicos.
La abogada de Milagro Sala, Elizabeth Alcorta, aseguró que el regreso de su clienta a prisión no se trataba de un traslado, sino de “un secuestro”.
La Cámara provincial de Apelaciones había revocado la prisión domiciliaria de la dirigente social el pasado 29 de septiembre, pero sus abogados advirtieron que el traslado no podía hacerse efectivo, dado que ellos habían recurrido inmediatamente la resolución de tribunal jujeño.
El Código Procesal Penal prevé en su artículo 443 que la interposición de un recurso suspende la ejecución de la decisión impugnada.
El juez Pablo Pullen Llermano, que tomó la decisión de que Sala regresara al Penal de Alto Comedero, “ya no tiene jurisdicción en el expediente, lo tiene la Cámara de Casación”, objetó Alcorta.
La líder de la organización barrial Tupac Amaru acumula varias causas penales en su contra.
En una de ellas, fue acusada de sustraer 29 millones de pesos (unos 1,9 millones de dólares) que estaban destinados a construir viviendas sociales.
En diciembre de 2015, la dirigente fue elegida como legisladora del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur), pero no pudo asumir su escaño por estar recluida.
SPUTNIK