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Foto: Prensa PSUV
Este jueves, el presidente de la Comisión Especial para investigar actos fascistas en el país, Ricardo Molina, consignó a la Plenaria de la Asamblea Nacional (AN), el informe de investigación por los actos fascistas contra familias campesinas del municipio Zamora de Guatire, estado Miranda, y solicitó acciones civiles, penales y administrativas a los responsables.
“Quienes ostentan cargos de poder y crean que puedan utilizarlo contra el pueblo, hace rato que el pueblo dejó de ser débil y cuenta con el respaldo de un gobierno que actuará para defender sus derechos”, advirtió el diputado Molina, tras hacer la exposición exhaustiva de la investigación realizada.
El trabajo se ordenó tras la conducta ilegal del alcalde opositor, Raziel Rodríguez, policías, una Fiscal del Ministerio Político (MP) y una Jueza que autorizó el procedimiento, empresarios de una firma privada y agentes policiales de Zamora.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, tras la exposición del informe, anunció que la comisión continuará en funcionamiento para estudiar este y cualquier otro acto de fascismo en el país.
Asimismo, sometió a consideración y se aprobó por unanimidad, remitir oficio del Poder Legislativo al Poder Ciudadano para que actúe y establezca la responsabilidad política, penal, civil y administrativa del alcalde, Raziel Rodríguez; así como de la jefa policial de Zamora, Neile Martínez; los oficialess Belkis Ramírez, José Ramón Páruta y Raúl Romero; el ingeniero, Carlos Carratú; el abogado, Evandro Rodríguez; la fiscal del MP, Norka Martínez; la jueza tercera de Primera Instancia en Funciones del Circuito de Miranda, Yusbely Caguaritano y el representante de la empresa privada, Omar Sánchez.
Jorge Rodríguez afirmó, contundentemente, que la AN y el Estado Bolivariano deben dar ejemplo y sanción ejemplar contra estos perpetradores que utilizan el poder político para atentar contra el pueblo, lo cual no debe permitirse jamás.
Delitos y responsables
La investigación constató actos de fascismo por parte de cargos de mandato popular, desconociendo la Carta Agraria otorgada a 11 familias del terreno que fueron secuestradas y encarceladas, allanadas y destruidas sus viviendas, corrales, tanques de agua e instalaciones eléctricas, además de sus campos y siembras.
Entre los imputados como responsables directos, resultado de la investigación parlamentaria, está el alcalde opositor, Raziel Rodríguez, quien es el facilitador y perpetrador principal; la jefa de la policía de Zamora, Señora Martínez, en combinación con el segundo al mando José Ramos Páruta y el oficial Raúl Romero; la Fiscal del MP y una Juez que desconocieron la Carta Agraria y autorizaron los procedimientos ilegales de violación de DDHH.
Algunos delitos, presuntamente cometidos por personas interpuestas, además de la Fiscal y la Jueza, y los responsables de la empresa Guatire Textil S.A., son los siguientes:
- Simulación de hecho punible para hacer pasar por invasores a familias campesinas, bajo amenazas directas.
- Aprehensión ilícita por delito inexistente.
- Privación ilegítima de libertad, con engaños y amenazas.
- Violencia, maltrato físico y mental a adultos mayores.
- Detención sin orden escrita legal de autoridad competente.
- Incautación de celulares y documentos de Carta Agraria.
- Atropello y vejámenes a mujeres, adultos mayores, niños y niñas.
- Violación de domicilios con actuación ilegal de policías municipales.
- Entrada forzosa y destrucción, robo y apropiación de muebles, materiales y propiedades personales.
- Eliminación de acceso y destrucción de sistemas de agua y electricidad.
- Destrucción ambiental, de árboles, degradación de suelos y ríos y modificación de topografía.
- Maltratos y muertes de animales domésticos.
- Agavillamiento.
“Estos 13 delitos, al menos, todo esto de acuerdo entre la empresa Guatire Textil S.A. y el Alcalde, usando instancias del Estado para violentar los derechos de familias”, resumió Molina.
El Diputado recordó que la Comisión Parlamentaria actuó en este caso como atribución constitucional de la AN, especialmente, en atención a los Artículos 187 numeral 3, 122, 223 y 224 de la Constitución Bolivariana, que determina que los resultados de investigación tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establece.
“Actuamos constitucionalmente, las informaciones las consignaremos a la secretaría, actas, grabaciones, declaraciones de cada uno de quienes tuvieron participación, tanto de los agredidos como de los agresores”, expresó Molina.
VTV