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En una videoconferencia, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Capaya Rodríguez González, junto con los demás miembros del cuerpo diplomático, participaron en la reunión que tiene como finalidad compartir las actualizaciones sobre el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (UNJP).
De acuerdo al portal web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, (Mppre), la reunión fue hecha por el Gobierno de Filipinas, mediante su coordinador residente, la cual busca destacar los continuos esfuerzos de esta nación del sudeste asiático para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos a través del compromiso constructivo y la cooperación técnica con la ONU y otros socios.
En este sentido, el embajador García manifestó que el 7 de octubre de 2020, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) adoptó por consenso la resolución HRC45 / 33, llamada “Cooperación técnica y creación de capacidad para la promoción y protección de los derechos humanos en Filipinas”.
La resolución, entre otras cosas, reconoció la cooperación de Filipinas con la Organización de las Naciones Unidas, incluso a través del Programa Conjunto de Derechos Humanos que llevan a cabo el Gobierno y la ONU, a través de su coordinador residente.
El panel contó con la participación del embajador Evan P. García, representante permanente de Filipinas ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra; asesora de derechos humanos del Coordinador Residente de la ONU, Signe Poulsen; el subsecretario de la Secretaría del Comité Presidencial de DDHH, Severo S. Catura y subsecretario del Departamento de Justicia, Adrián Ferdinand S. Sugay.
El UNJP de cuatro años, el primero entre la Organización y un Estado Miembro, tiene como objetivo promover el respeto y la protección de los derechos humanos en el país como un componente vital del marco de asociación ONU-Filipinas para el Desarrollo Sostenible (2019-2023).
El programa tiene como objetivo apoyar al Gobierno en el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de rendición de cuentas, la administración de justicia y las investigaciones y recopilación de datos sobre denuncias de violaciones de DDHH; promover un enfoque basado en los derechos humanos para combatir las drogas y el terrorismo; y permitir a la sociedad civil, incluidas las víctimas y sus familias, hacer valer sus derechos de manera más eficaz
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