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El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, enfatizó este viernes que la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Constitucional y las Garantías para los Derechos Humanos – aprobada este jueves por la Asamblea Nacional Constituyente –, permitirá defender el patrimonio y la soberanía de la nación, de ataques promovidos desde Estados Unidos (EE.UU.).
En una misiva, el jefe de Estado venezolano señaló que esta ley constitucional es una respuesta para enfrentar y superar «el bloqueo ilegal que el gobierno de Estados Unidos de América viene imponiendo contra mi país desde hace casi veinte años, con especial radicalidad durante los últimos cinco años».
«Quiero informarles de la aprobación de un instrumento legislativo muy especial, que ha sido bautizado como ‘Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos del Pueblo Venezolano’, enfocada en defender el patrimonio, la soberanía y la dignidad de nuestra Patria, así como el derecho de nuestro pueblo a la paz, el desarrollo y el bienestar», expresa la texto, publicado por el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.
En la carta – dirigida a los pueblos del mundo –, el Mandatario Nacional recalcó que el bloqueo económico, financiero y comercial frenó el normal desempeño de la economía venezolana, así como evitó que la nación suramericana tuviera acceso a financiamiento para la adquisición de insumos médicos y alimentos.
Detalló que desde 2014, el gobierno de EE.UU. ha ejecutado 300 medidas administrativas y siete decretos Ejecutivas; recrudeciendo la agresión multiforme contra el país.
«En cinco años, el bloqueo logró corlar el financiamiento a Venezuela, impidiéndole disponer de las divisas requeridas para adquirir alimentos, medicinas, repuestos y materia prima esenciales para la actividad económica. En ese lapso, Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia, cercana al 99%», puntualizó.
Las medidas coercitivas impuestas por EE.UU. – que Venezuela ha denunciado en varios organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional (CIP) – ha generado pérdidas millonarias de más de 30.000 millones de dólares, así como ha dificultado la adquisición de insumos, sobre todo en medio de la situación de la pandemia.
AVN