Opinión
Foto: Referencial
Por: Alfredo Carquez Saavedra
A veces silenciosa, oscura, soterrada; en otros momentos, estruendosa, como un choque de trenes; o clara, como el agua limpia. Así ha sido la lucha entre el dueño de la tierra y el propietario del capital en el negocio petrolero en Venezuela.
Este combate de factores que intentan imponerse uno sobre el otro, también tiene su expresión en la deformación del uso de la renta originada por la explotación de los hidrocarburos.
La práctica negativa de la utilización de los ingresos provenientes de la comercialización del petróleo, que es el rentismo, por ejemplo, sirvió para financiar por décadas y décadas, y no solamente durante los años del Pacto de Punto Fijo, la conformación de una clase empresarial acostumbrada a hacer negocios con dinero barato proporcionado por el Estado en forma de financiamientos, muchas veces nunca pagados.
Ese mismo sector de nuestra sociedad que se enfrentó al Estado en abril del 2002, para tratar de derogar la Constitución Nacional de 1999 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, puja hoy día –velada o publicamente– para tratar de reflotar la vieja propuesta de privatizar la industria petrolera y gasífera para ponerla, una vez más, al servicio de los intereses de las grandes naciones consumidoras de energía.
Es así como, con el viejo argumento de la eficiencia inherente al mundo empresarial privado, renace la esperanza de algunos en forma de Anteproyecto de Ley de Hidrocarburos, documento que circula entre buena parte de los integrantes de la Asamblea Nacional de Narnia que encabeza el diputado estafador de mercenarios.
En esa propuesta se borran de un zarpazo –metodología preferida por la derecha universal– casi todos los logros que en materia de soberanía petrolera nos legó el presidente Hugo Chávez. Sin decirlo, convierten al Ministerio de Petróleo y a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en un par de cascarones vacíos a los que periódicamente “informará” la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, ente similar al que casualmente existe en Colombia, integrado por “técnicos” que serviría de intermediario entre los inversionistas nacionales y extranjeros y el Estado.
La aprobación de ese proyecto pasa por la derogatoria de toda la batería jurídica del sector surgida durante los últimos 20 años. Permitiría sin mucho rigor la cesión de contratos y la venta de acciones en el mercado de capitales. Es decir, el libre ingreso de la especulación financiera. Rescata oficialmente el dañino arbitraje internacional y establece tácitamente el retorno de la nación al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial espacio, del que se retiró Venezuela en 2012, donde se acostumbra a esquilmar a los estados-nación en beneficio de las transnacionales de los países industrializados.
Pero la soberanía se vería afectada también por otras vías: Tal es el caso de la aplicación de “mecanismos de compensación” para aquellos socios que se consideren”afectados”si la República, como socia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decide acompañar una estrategia de reducción de producción para defender los precios del barril en el mercado internacional.
Además, se le permitiría a los socios exportar directamente nuestro crudo y se le otorga el “derecho” a quedarse con las divisas que se produzcan de tales operaciones.
Se trataría a la regalía como un comodín flexible pero a la baja y la misma se ajustaría en función a la variación del precio de venta del barril. Esta fórmula no podría ser modificada “de manera unilateral por ninguna de las partes”.
En este escenario de retorno al neoliberalismo, el Estado volvería a ser un mirón de palo, como sucedió durante la Apertura Petrolera de la IV República.
alfredo.carquez@gmail.com