Antonia Muñoz
Esperamos que a esta altura del tiempo y del cuento, los incrédulos estén convencidos que la escasez y el alza de precios tan feroz de los últimos meses fue provocada por los especuladores y usureros de la derecha, quienes a través de este mecanismo pretendían desquiciar la economía venezolana y provocar un golpe de Estado económico para, en primera instancia, capitalizar el descontento de la población en las elecciones municipales del 8 de diciembre. A los incrédulos y a quienes se dejan envenenar por los medios de comunicación, les recordamos que así tumbaron a Salvador Allende en Chile el 11 de septiembre de 1973. Los venezolanos deberíamos aprender en cabeza ajena. Después de ese golpe siguieron 17 años de la fiera dictadura de Augusto Pinochet, donde los perseguidos, torturados y desaparecidos se cuentan por miles.
Bendito sea Dios que el gobierno bolivariano presidido por Nicolás Maduro, después de un largo período de diálogo con quienes no quieren oír, decidió aplicar la ley con contundencia. En este sentido nos permitimos recordarles a quienes todavía creen que se está atropellando a los “pobres comerciantes”, que todo lo que se está haciendo está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en el artículo 114: El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, SERÁN PENADOS SEVERAMENTE de acuerdo con la Ley. Así señores que se trata de aplicar la ley. ¿Cuál ley? La ley de costos y precios justos, por ejemplo, a través del ente rector para su aplicación que es la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS (SUNDECOP), organismo que tiene como fin ejercer la regulación, administración, supervisión y sanción hacia los agentes económicos que produzcan, importen, comercialicen bienes o servicios, que hayan sido priorizados por el Ejecutivo Nacional.
En la aplicación de la LEY DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS, el pueblo organizado, consciente y en movimiento tiene un papel preponderante, «ya que puede participar en las iniciativas que adelante el gobierno, y de esta manera ser corresponsable del rumbo de la nueva Patria”. Los mecanismos de participación del pueblo se establecen en los artículos 14 y 27 de la ley en comento, a fin de lograr la eficiencia en el control social. Además, no olvidemos al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), que es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio con función específica en la defensa y protección de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes y servicios, estableciendo los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones; así como delitos y sus penalizaciones. El INDEPABIS participa activamente con las comunidades organizadas, a través de los comités de Contraloría Social para el abastecimiento.
Probablemente hace falta una ley para castigar con mayor contundencia a los especuladores y a los usureros. Por lo que le oí una vez al Presidente Maduro eso se abordará en la ley habilitante. Sin embargo, como la usura es un aprovechamiento injusto en perjuicio de otro, es considerada una estafa, y como tal está tipificada en el artículo 464 del Código Penal. Igualmente, el artículo 125 del mismo Código, obliga a resarcir la cuantía del monto cobrado de más. Como dato histórico, me permito referirle, que el 09 de abril de 1946, se publicó en la Gaceta Oficial Nº 21.980 el decreto Nº 247, mediante el cual se establecían penas contra las actividades usurarias; siendo su primer considerando: “Que la usura en todas sus manifestaciones es contraria al orden público y por ello debe considerársela ilícita y perseguirse penalmente”. El segundo considerando reza textualmente: “Que es deber del Estado proteger a las clases desposeídas y a todo aquel que llegue a encontrarse en condición de inferioridad económica o moral para defenderse contra la indebida explotación”. Ese decreto establecía multa para los usureros de Bs. 10.000.También, Marcos Pérez Jiménez dictó un decreto de represión de la usura.
Finalmente, nadie en su sano juicio, por muy opositor que sea puede salir a defender una usura como la que se ha venido cometiendo en el año 2012, intensificada después de la elección de Nicolás Maduro, y que llegó a su climax en los últimos 2- 3 meses. Lo que si no podemos permitir es ningún tipo de bochinche que pueda terminar en saqueo, porque los venezolanos no podemos hacernos justicia por nuestras propias anos. ¡Ahí están las leyes, sólo debemos exigir que la apliquen. ¡Cero impunidad con las y los usureros! Chávez vive, la lucha sigue!
Altagracia de Orituco, miércoles 13 de noviembre de 2013.