Por:  Geraldina Coletti

¿Autogolpe o verdadero intento de golpe de Estado? En Bolivia el debate se aviva tras la incursión de unos tanques en la plaza Murillo, en la capital La Paz. Uno de ellos irrumpió por la puerta de Palacio de Gobierno, donde se reunía el gabinete político, encabezado por el presidente Luis Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca. Poco antes, con un mensaje online, el gobierno había advertido sobre movimientos irregulares de tropas y la posibilidad de un golpe de estado contra la democracia. Al frente del asalto estaba el comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, destituido por declaraciones incendiarias, decididamente incongruentes con su papel.

Después de haber criticado duramente al gobierno de Arce, el general se había autoproclamado «representante del pueblo». Había anunciado la liberación de «presos políticos» (tanto de derechas, como la golpista Janine Añez, como de presuntos disidentes dentro del sistema militar). Sobre todo, había amenazado al expresidente Evo Morales, advirtiéndole de que no presentara su candidatura en las próximas elecciones de 2025, bajo pena de arresto por parte del ejército.

El pasado domingo, Morales había acusado por su parte a Zúñiga de ser el jefe del grupo militar Pachajcho, encargado de «un plan oscuro» para eliminar tanto a él como a sus colaboradores, como lo demuestran algunos vídeos y audios en su poder. Pese a haber llamado a movilizarse a las organizaciones progresistas, Evo y sus seguidores creen que el intento de golpe es en realidad un espectáculo organizado por Arce para encubrir la compleja situación de crisis en la que se encuentra el país, que recientemente estalló con la falta de combustible; y, sobre todo, para encubrir la gigantesca corrupción que habría transformado la administración pública en un agujero negro de nepotismo y prebendas.

Una crisis que viene acompañada de profundas divisiones dentro del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (Mas), y las organizaciones populares que lo apoyan. Conflictos que ya estallaron durante las últimas elecciones generales de 2020, que devolvieron a la izquierda al gobierno, y que deberían haber cerrado el triste paréntesis del «golpe institucional» protagonizado por Janine Añez. Evo ya no pudo presentarse a un tercer mandato consecutivo: la Constitución lo prohíbe y en el referéndum constitucional de 2016, que podría haberlo modificado en este sentido, ganó el No, aunque brevemente.

El primer presidente indígena, dirigente sindical de larga data, dio así su apoyo al dúo Arce-Choquehuanca, procedente de su propio partido, confiando en una especie de gobierno de transición para continuar y luego volver a proponer la gestión anterior. Sin embargo, esto no sucedió y la distancia entre los tres viejos compañeros se fue ampliando progresiva y polémicamente. Evo inmediatamente expresó su intención de presentarse como candidato a las elecciones de 2025. El año pasado, el Tribunal Constitucional lo inhabilitó y, según su equipo, se desplegó en su contra un sistema de lawfare destinado a sacarlo de la escena política mediante el uso del instrumento judicial.

La incursión de los tanques constituiría un capítulo más de esta «persecución», que pretende responsabilizarlo de los errores de Arce ante las organizaciones populares. El camino de Luis Arce – denuncian Evo y sus compañeros – sería similar al emprendido en su tiempo por Lenin Moreno, el delfín de Rafael Correa que dio la espalda a la «revolución ciudadana», permitiendo el retorno del neoliberalismo desenfrenado, del narcotráfico y de la bases estadounidenses en Ecuador.

Para sustentar la tesis del autogolpe, ejecutado por un general que contaba con toda la confianza del presidente, pero que se dejó llevar por el entusiasmo, terminando siendo torpedeado, se difundieron las declaraciones del golpista Zúñiga a los periodistas: «El presidente me dijo que la situación era muy crítica y que había que hacer algo para reactivar su popularidad. “¿Sacamos los tanques?”, le pregunté. «Saquenlos», me respondió él. Y así, el domingo por la noche, los tanques comenzaron a salir…» El general quiso continuar, pero el viceministro del Interior, Johnny Aguilera, lo empujó hacia un auto que lo llevaría a la detención.

Mientras tanto, hay gran alerta en la izquierda latinoamericana y en el campo multicéntrico y multipolar, liderado por China y Rusia, en el que se encuentra Bolivia. Todos los partidos, los sendicatos y los presidentes progresistas de América Latina se han pronunciado al respecto, denunciando las maniobras de la derecha y del imperialismo en este año electoral fundamental para el continente.

Al respecto, un comunicado de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (Redh) dice: “Las imágenes del asedio militar al Palacio Quemado, sede del gobierno nacional, recuerdan los tristes episodios del 11 de septiembre de 1973 en Chile y de muchos otros golpes de Estado perpetrados en Nuestra América”. Considerando el peligroso momento que atraviesa el país y las amenazas dirigidas no sólo al actual presidente, sino también a otros líderes como Evo Morales, y también en consideración del costo pagado en términos de vidas por causa del anterior golpe de Estado de 2019, la Redh pide: “respeto a la democracia boliviana y su gobierno legítimo; respeto a la vida del presidente y de otros dirigentes políticos de izquierda, y también a la de Evo Morales”.

El fallido golpe de Estado – continúa la Redh – “fue una clara conspiración de la extrema derecha nacional, articulada, como siempre, con las grandes potencias internacionales. Ante la amenaza antidemocrática y reaccionaria, digamos junto al gobierno legítimo de Bolivia: ¡no pasarán!”.

Bolivia posee las primeras reservas de litio del mundo, que una derecha feroz, poderosa, separatista y supremacista está ansiosa por recuperar y entregar a los amos norteamericanos. A diferencia de lo ocurrido en Venezuela, donde la fuerza armada es verdaderamente el ejército popular con el que se construye un proyecto de cambio estructural, en Bolivia la reforma del sistema militar ha quedado pendiente. Y así, otras promesas iniciadas por las extraordinarias revueltas indígenas de la década de 1990 que llevaron al poder al sindicalista Evo, el primer presidente indígena del país, quedaron sin cumplirse. Y, por esta razón, la disputa actual en el Mas no es sólo un choque por el liderazgo, sino un conflicto de clases interno a este proyecto de transformación social.

En marzo pasado, el Grupo de Puebla, una alianza progresista que incluye a expresidentes y representantes políticos de gobiernos amigos a nivel regional, viajó a Bolivia para intentar una reconciliación entre Arce y Morales, pero fue en vano. Evo, que también dirige Runasur, un bloque de organizaciones sociales latinoamericanas, en su mayoría indígenas, fue invitado recientemente a Venezuela, a la Cumbre del Alba que tuvo lugar en Caracas: junto a Luis Arce, pero muy distante de él.