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Prensa PSUV// Wilman Verdú.-Mientras los candidatos del sector democrático venezolano firmaron la tarde de este jueves 20 de junio, un acuerdo de reconocimiento de los resultados electorales que deriven de la elección presidencial a celebrarse en Venezuela próximo 28 de julio, el sector extremista de derecha radical no se presentó al llamado del máximo ente rector.
Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, resaltó en la presentación “el civismo del pueblo y apego a las leyes y la Constitución de la República, demostrado en cada proceso electoral”.
Con esta nueva acción, esos dos candidatos de la extrema derecha negados a firmar el acuerdo rechazan de manera deliberada, pública, notoria y comunicacionalmente el contenido del documento que expresa literalmente: “Actuar en estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y demás normas que rigen este proceso”.
Se oponen a “reconocer al Poder Electoral como la única autoridad legítima y competente para la organización, administración, dirección y vigilancia de la elección presidencial del próximo 28 de julio del 2024”.
Niegan, “reconocer que el consejo Nacional Electoral, ha venido dando cumplimiento, (ya en un 80%); a las garantías electorales en cada una de las fases del proceso establecido en el cronograma electoral; y rehúsan convalidar los resultados emitidos por el Poder Electoral, respetando la expresión perfecta de la voluntad popular mediante manifiesto a través del sufragio, en concordancia con lo previsto en los acuerdos de Barbados y Caracas”.
Dejan claro que, no van a “competir en un clima de respeto, paz, participación democrática, para que, durante el proceso electoral del 28 de julio del 2024, y los demás días posteriores a este no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela, con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país”, ni aceptan “solicitar a los gobiernos del mundo el respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestra nación”.
Deniegan con su rechazo al acuerdo “cumplir con el deber de honrar y defender la patria y exigir el levantamiento absoluto de las sanciones coercitivas unilaterales impuestas al noble pueblo de Venezuela”; así como “la afirmación de la soberanía nacional, la estabilidad democrática, la gobernabilidad, el pleno respeto a los derechos humanos, las garantía en los procesos electorales, la cooperación ante la coyuntura económica social existente, el Estado de Derecho constitucional, el desarrollo pleno de los derechos políticos y la democracia”.
Tampoco aprobaron “fomentar una política de reconocimiento como fundamento para la convivencia democrática nacional y el repudio absoluto a la violencia como instrumento político”, ni van a “Rechazar y denunciar cualquier financiamiento o recurso proveniente de hechos ilícitos nacionales e internacionales”
Rechazan reiterar “ante todos los venezolanos y venezolanas, las rectoras y los rectores del Consejo Nacional Electoral” la “responsabilidad con la democracia, la plena sujeción al orden constitucional legalmente establecido en la República Bolivariana de Venezuela, y la voluntad absoluta de reconocer los resultados emitidos por el Poder Electoral como garante de la fuente creadora de los poderes públicos mediante el sufragio”.