Irán Aguilera

En los actuales momentos se está desarrollando un interesante debate a lo largo y ancho del país, en todos los espacios del Poder Popular, sobre el proyecto de Ley orgánica de las ciudades comunales (LOCC), aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN).

Pero esta vez nos concentraremos en las opiniones de algunos think tank (como gustan ser llamados) de la derecha, vertidas en sus medios y redes corporativos, en donde siguen atrincherados porque le huyen al pueblo. El debate sobre la LOCC vuelve a poner sobre el tapete las dos visiones de país que se confrontan desde hace más de dos décadas.

Uno de los primeros que se lanzó al ruedo de la polémica fue el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, chileno, vinculado, a parapetos derechistas como el Foro Constitucional de Venezuela, Fundación Justicia y Democracia del que fue presidente, la Cámara de Industria y Comercio de Caracas, miembro Cámara de Comercio Venezolano Americana (Venamcham).

Raffalli dice que “el proyecto de ley que se impulsa desde la AN cambia de tal manera la composición del Estado que simplemente no es legal hacerlo por vía de ley orgánica, sino que debería llevarse a cabo un referendo para consultar a la población”, y saca de su chistera el artículo 136 de la Constitución. Se escandaliza porque, según él, y que “es una visión totalmente distinta a la de la Constitución de 1999 y 1961, va en contra de la historia constitucional”, evidentemente que el constitucionalista en cuestión no acepta que gobiernos con programas socialistas, que han ganado las elecciones presidenciales en Venezuela cuatro veces consecutivas con una propuesta socialista desde el 2006, puedan desarrollar su oferta electoral, cosa que es evidentemente absurda porque sería estafar al pueblo que les ha votado mayoritariamente.

Cuando desde su posición política agota sus argumentos apela a la mentira, a la especulación sin fundamento, a sembrar miedo, abandonando el lóbulo frontal para atrincherarse en el cerebro reptil, con descaro Raffalli asegura “que con la Ley, las estructuras de las ciudades comunales tendrán una serie de competencias que anteriormente recaían sobre alcaldías, concejos municipales y otras instancias, como tribunales y prefecturas. Todo esto, en conjunto, representa una restructuración severa del ordenamiento jurídico y administrativo del país, por lo que se deberá llevar a cabo un proceso de adaptación nada fácil”. Falso, totalmente falso, pura propaganda. Nada nuevo en las manidas mentiras de la derecha.

Las leyes del Poder Popular vigentes desde 2010 son un todo coherente, y en la lógica de ese todo entrará también la nueva LOCC. Tomemos una de ellas, La Ley orgánica del Poder Popular, en el Capítulo IV que trata de las relaciones del Poder Público con el Poder Popular, donde se podrá apreciar que ahí quedan bien determinados como dos ámbitos; nunca se ha buscado cambiar por esta vía (leyes orgánicas) la composición del Estado, y, por lo tanto, no se viola la Constitución, cuestión que aclaró acertadamente el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cuando le anunció al país la aprobación en primera discusión de la Ley: será un instrumento para incrementar la democracia, “no para desaparecer ninguna ciudad ni municipio, mucho menos es una ley comunista, como irresponsablemente se ha dicho por ahí…”

Otro Think Thank que opinó fue el abogado y profesor de la UCV y Unimet Gustavo Manzo Ugas, después de repetir la misma cantaleta de que el nuevo proyecto LOCC viola varios artículos de la constitución, le salto la liebre filistea y salió con esta pobreza intelectual: “si convierten a Puerto La Cruz en una ciudad comunal socialista, ¿cómo hacen los que son liberales desde sus valores personales para convivir en esto? ¿se tienen que mudar?”, ¡nada más pueril! solo le diríamos a Manzo Ugas que cuando aquí gobernaron los gobiernos liberales de la cuarta ellos aplicaron su programa liberal, pero ningún socialista de Puerto La Cruz se mudó de esa ciudad por eso, solo hicieron lo que se tenía que hacer para ganar las elecciones con Chávez en 1998, constitucionalmente, y comenzar el tránsito de la construcción de la Revolución Bolivariana, también en constitución, sin buscar atajos ni venderle el alma a ningún imperio.

Es natural que si tenemos un gobierno constitucional como el del Presidente Nicolás Maduro, que se define socialista, este pretenda desarrollar un programa socialista, para el cual estima necesario la participación protagónica del pueblo organizado, como sujeto histórico, para emprender tal construcción revolucionaria, siendo esta la gran diferencia con los liberales en relación con el papel del pueblo en la política. Los mecanismos están previstos y garantizados en nuestra Constitución, la cual fue producto del Poder Constituyente originario y revolucionario, y que, sin duda, es el programa de la Revolución Bolivariana y Chavista. Esto ha sido ampliamente debatido y resuelto, por eso seguimos avanzando en Revolución pese a las enormes dificultades debido a la agresión imperial.