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El ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, aseguró este lunes que durante la pandemia por la COVID-19, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha garantizado la educación al pueblo y preserva el derecho a la salud y la vida.
“Nosotros asumimos la educación a distancia mediante un programa llamado “Cada Familia, Una Escuela”, como una estrategia que nos permite garantizar el derecho a la educación, preservando el derecho a la salud, el derecho a la vida en medio de una pandemia que azota a toda la humanidad”, declaró.
Durante la Reunión Ministerial de la Unesco: “A un año de la COVID-19: Priorizando la recuperación de la Educación para evitar una catástrofe generacional”, que se llevó a cabo de manera virtual, Istúriz explicó que la educación a distancia implica poner en práctica todas las plataformas comunicacionales existentes al servicio de la educación: la televisión, la radio, los medios digitales e impresos y redes sociales.
“Al mismo tiempo, la educación a distancia implica articular el funcionamiento de la tríada sanidad-escuela-comunidad. En cuanto a las principales políticas para mitigar el abandono en los diferentes niveles educativos hemos puesto en práctica el funcionamiento de la tríada escuela-familia-comunidad”, señaló.
Indicó que se han garantizado las políticas de protección estudiantil con la entrega de textos, computadoras canaimas, morrales, útiles, uniformes, así como el sistema de becas y el sistema de asistencia integral al educando.
Asimismo, agregó que se ha mantenido el Plan de Educación Escolar, la organización de la familia en el Movimiento Bolivariano de Familias, el reingreso del Registro Nacional de Ingreso Universitario, así como el desarrollo de las asesorías pedagógicas y el proceso de inserción escolar.
El también vicepresidente Sectorial para Socialismo Social y Territorial recordó que Venezuela no solo combate la propagación de la pandemia, sino también resiste a los efectos devastadores de la aplicación de una guerra económica brutal, un bloqueo criminal y sanciones coercitivas unilaterales violatorias del derecho internacional, aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.), impactando en los Derechos Humanos fundamentales, entre ellos, la educación.
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