Foto: VTV

El Informe La Verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y testimonios, que el Estado venezolano ha entregado a diversos organismos nacionales e internacionales, registra fehacientemente la cronología de atentados, ataques y víctimas de la violencia de la extrema derecha política a lo largo de este siglo XXI, que pretende ser silenciada por los gobiernos subalternos a Estados Unidos (EE.UU). con un supuesto reporte atribuido falsamente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que fue reciclado de otros frustrados documentos acusatorios anteriores por parte de “expertos” pinochetistas que cobraron hasta 5 millones de dólares para acusar a la Patria de Bolívar como país violador de Derechos Humanos (DD.HH.).

En el capítulo 3 del Informe oficial de Venezuela contra la Infamia del Cártel de Lima, se evidencia cómo la violencia es la estrategia de acción política de la oposición venezolana, especialmente cuando los resultados electorales no le son favorables. Los hechos y testimonios registrados de esta violencia de la derecha fueron obviados en el reporte del Cártel de gobiernos subordinados a EE.UU..

La conducta anticonstitucional de la derecha se remonta al año 2002, cuando un escenario de violencia planificada mediática-militar, a través de una insólita y muy bien calculada masacre callejera, sentó las bases para el golpe de Estado que derrocó por breve tiempo al entonces presidente, Hugo Chávez Frías.

La sucesión de atentados y ataques se reiniciaron a finales de 2002 y continuaron en 2003, pese a que el Comandante al regresar el 13 de abril junto al pueblo a Miraflores, con un crucifijo en la mano, les perdonó la asonada y los conminó a trabajar honestamente por la patria.
En 2004, pese a la activación del proceso democrático de Referéndum Revocatorio establecido a iniciativa de la Revolución Bolivariana en la nueva Constitución aprobada por el pueblo en elecciones inéditas, la derecha estrenó las llamadas guarimbas provocando muertes y daños patrimoniales. Fueron derrotados por el pueblo venezolano con una avasallante victoria popular que ratificó al presidente Chávez en Miraflores convirtiendo el referéndum en reafirmatorio para defender la paz, la libertad y la independencia.

Pero en los años 2013, 2014 y 2017, la derecha reactivó el mismo método violento con numerosas movilizaciones de calle, y pese a contar con la garantía del ejercicio pleno del derecho a la manifestación, violaron abiertamente las garantías consagradas en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El nuevo ciclo de violentas protestas fueron convocadas en 2013, justamente para desconocer los resultados del proceso electoral presidencial sobrevenido del 14 de abril de ese año; siguieron luego con las manifestaciones enmarcadas en la estrategia para presionar el desalojo del poder del Presidente de la República denominada “La Salida”, implementada el 14 de febrero de 2014. Todas fueron convertidas en demostraciones de fuerza con señales inequívocas de confrontación insurreccional, hasta que finalmente devinieron en planificadas manifestaciones violentas al margen de las leyes nacionales y la Constitución. Pero fracasaron nuevamente.

En 2015, a pesar de haber ganado las elecciones parlamentarias, aunque estuvieron acusando en forma sistemática al CNE de ser un organismo fraudulento, la dirigencia de la derecha política continuó la violencia ahora desde el Poder Legislativo, anunciando derrocamiento del gobierno legítimo en un plazo de 6 meses, apoyando todo tipo de desmanes callejeros y lanzando ultimátums antidemocráticos y anticonstitucionales, en nombre de la libertad y la democracia. A 5 años de aquella victoria electoral, queda en claro el daño causado por la derecha que usó el Parlamento como un “Caballo de Troya” en el acatamiento de las órdenes dadas por potencias extranjeras.

Tanto el gobierno imperial de EE.UU. como la derecha apátrida, proclamaban que ellos eran la única autoridad democrática elegida con votos, al tiempo que exigían la renuncia del Ejecutivo Nacional irrespetando el hecho que había sido electo también por mayoría popular con los votos del pueblo.
El 31 de marzo y el 31 de julio de 2017, los dirigentes de los partidos que ocuparon la dirección de la Asamblea Nacional (AN) auparon abiertamente a los llamados guarimberos, quienes desde Chacao y alcaldías del este y otras alcaldías de la oposición en varias zonas del país provocaron una ola de violencia y odio sin precedentes.

Todas las protestas violentas fueron para desconocer resultados electorales; solicitar elecciones y rechazarlas cuando se convocaban; y llamar insistentemente a derrocar al gobierno legítimamente constituido. En absolutamente todas, recibieron amplio respaldo de medios de comunicación privados que justificaron las acciones como “manifestaciones cívicas y pacíficas” de estudiantes que se expresaban democráticamente.

Un antecedente clave:
2013: Fallece el presidente Hugo Chávez, y se llamó a elecciones presidenciales sobrevenidas por ausencia absoluta, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución. Asume como mandatario interino el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Moros, tal como establece la Constitución y se convocan a elecciones con apenas 10 días de campaña electoral.

El 14 de abril del 2013 se realiza la elección, y es electo Nicolás Maduro con 7.505.338 votos (50,66%) frente a 7.270.403 (49,07%) de Henrique Capriles Radonski, y 38.756 votos de otros candidatos (0,26%).

Después de concluido el anuncio de resultados, Capriles dirige un mensaje público a través de los medios de comunicación, en el que se negó a aceptar el resultado anunciado por el CNE hasta que no fuesen verificados el cien por ciento de los votos y llamó a “protestas” callejeras.

La posición del excandidato derrotado contó con el apoyo público del gobierno de los Estados Unidos, que en forma injerencista consideraba “necesario” y “prudente” el recuento de los votos emitidos en las elecciones, así como también de la Unión Europea que declaró la importancia de obtener un resultado que “sea aceptado por todas las partes”, y del gobierno de España, cuyo ministro de Exteriores expresó su deseo de que una auditoría se desarrollara “con la máxima rapidez posible”.

Una abierta injerencia en asuntos internos de Venezuela que no aceptarían que se hiciera en sus respectivos sistemas electorales.

Pese a que se realizaban las auditorías sin encontrarse ningún tipo de irregularidad, finalmente Capriles les dijo a sus simpatizantes, incluyendo a quienes protestaban violentamente en las calles desde la madrugada de ese día, que “descargaran toda su arrechera”.

Entre la noche del 15 y 19 de abril de 2013, fueron asesinadas 11 personas por graves casos de violencia letal contra ciudadanos identificados como “chavistas”. Entre esas once 11 víctimas, se cuentan una niña de 12 años de edad y un niño de 11 años.

De estas, siete (7) personas fallecieron por armas de fuego accionadas por manifestantes de la oposición, tres (3) víctimas sufrieron la pérdida de la vida por arrollamiento de un camión que arremetió en contra de un grupo de personas (entre ellos ambos niños) que festejaba el triunfo electoral del presidente Maduro, y una (1) persona falleció como consecuencia de los fuertes golpes recibidos por un grupo de manifestantes violentos de la oposición, que le causaron un coma durante 23 días, hasta que finalmente falleció.
De la misma manera, durante los hechos violentos efectuados por manifestantes de la oposición fueron asediados, atacados e incendiados 35 centros de salud de la Misión Barrio Adentro con piedras y bombas incendiarias. Atacados 2 hospitales, 7 sedes del CNE, 39 sedes de Mercal, Pdval, y Casas de Alimentación; 3 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y 18 medios comunitarios.

En todos estos casos, se observó como patrón de actuación común: el ataque a personas identificadas como chavistas, o “defensores” del Gobierno Nacional, el ataque selectivo de instituciones públicas de salud, sedes de programas sociales, sedes del partido mayoritario del país, y de medios de comunicación alternativos.

Además, resultaron lesionados 78 funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad, lo cual indica el carácter violento y confrontacional que revistieron las manifestaciones suscitadas como consecuencia del llamado del excandidato Henrique Capriles a rechazar los resultados electorales.  La conducta irresponsable del político de derecha quedó impune.

2014: “La Salida”

El 23 de enero de 2014, mediante una rueda de prensa pública trasmitida a través de los distintos medios de comunicación social, el dirigente del partido derechista Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, inició una campaña abierta contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y las instituciones del Estado venezolano, acusando al Gobierno Nacional de tener vínculos con el narcotráfico, y señalando que se trataba de un gobierno corrupto, opresor y antidemocrático, por lo que se hacía necesario “salir a conquistar la democracia”, ya que el cambio sólo podría ser posible con “el pueblo en la calle”.

A partir de esta declaración, entre el 12 de febrero hasta  junio de 2014, en 18 municipios de los 335 que conforman la totalidad del territorio nacional, y en los cuales se asientan las principales ciudades del país como: Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay, Mérida y San Cristóbal, se registraron hechos violentos protagonizados por la oposición, levantando pesadas alcantarillas, colocando trampas con  alambres de púas, derramando aceite en el pavimento, quemando todo tipo de instalaciones.

El total de fallecidos por las protestas violentas originadas en febrero, alcanzó el número de 43 personas, entre ellos funcionarios militares y policiales por disparos de francotiradores. La mayoría de las víctimas estaban vinculadas de alguna manera al Gobierno Bolivariano, o eran ciudadanos comunes que no participaron en las manifestaciones.

A pesar de ello, el 21 de febrero de 2014 el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) John Kerry emitió un comunicado en el que afirmaba que los manifestaciones eran pacíficas, y acusó al Gobierno venezolano de enfrentar “a manifestantes pacíficos con fuerza y en algunos casos con vigilantes armados que pretenden apoyar al Gobierno”. Asimismo, juzgó como “inaceptable” tal uso de la fuerza ante los manifestantes. De esta manera, el gobierno de los EE.UU. dio su apoyo, aprobación y “luz verde” a los dirigentes de la oposición que dirigieron “La Salida” y a los manifestantes violentos que ocasionaron muertes en la población y daños a la propiedad pública.
Además de los fallecidos hubo 180 funcionarios militares o policiales lesionados, la mayoría de ellos por heridas de bala. El Ministerio Público informó la acusación de 30 funcionarios de los organismos de seguridad del estado, la apertura de 238 investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 22 permanecían abiertas y las restantes contaban con actos conclusivos, y la aprehensión y presentación ante los tribunales de control de 3.351 personas, de las cuales sólo 41 permanecían privadas de libertad debido a la presunción de su participación en delitos como homicidio, lesiones personales graves o violaciones a los derechos humanos.

Otro aspecto grave de las protestas de 2014, fue que los hechos de violencia fueron acompañados o avalados por gobernadores, alcaldes y alcaldesas de oposición, incluso haciendo uso de sus cuerpos de policía. Al respecto, se cuentan 35 casos de víctimas fatales que ocurrieron en municipios gobernados por dirigentes de la coalición de partidos de la oposición agrupados en la “Mesa de la Unidad Democrática”. Fue notable la participación del alcalde de San Cristobal  del estado Táchira, Daniel Ceballos, y del municipio San Diego del estado Carabobo, Enzo Scarano.

El 1 de abril de 2014 se registró un caso emblemático: durante una manifestación violenta efectuada en el municipio Chacao, fue atacado el centro de educación inicial que operaba en la sede del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, mientras se encontraban en sus instalaciones 94 niños y niñas con edades comprendidas entre seis meses y tres años, hijos e hijas del personal.  Los testimonios obtenidos señalan que mientras realizaban el ataque con bombas incendiarias, piedras y objetos contundentes, los manifestantes gritaban “hay que quemar a los chavistas”. Asimismo, las víctimas refieren que los hechos fueron presenciados pasivamente por la policía del municipio Chacao frente a los grupos violentos.

Además, las hordas violentas atacaron las sedes de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, y de las sucursales de las entidades bancarias Provincial y Venezuela en el municipio Chacao del estado Miranda, la agencia del Banco de Venezuela en Los Palos Grandes, las estaciones del Metro de Caracas, en Chacao y Altamira; así como las casetas de control de Metrobús ubicada en las estaciones Chacaíto y Altamira. Igualmente, fueron dañadas 61 unidades de Metrobús, el edificio administrativo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), en Chacao, y el edificio del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat en Chacao.

En Lecherías, estado Anzoátegui, fue incendiada la Oficina de Atención a los Usuarios de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), así como del Banco del Tesoro.
En el estado Aragua, los manifestantes causaron daños a las instalaciones de la Alcaldía del municipio Girardot y zonas residenciales vecinas; asimismo, ocasionaron daños en la sede de la Gobernación del referido estado, y destrozos a un vehículo del Ejército Bolivariano y otro de la Alcaldía del municipio Girardot; así como a las instalaciones del supermercado “Súper Líder”, en el sector El Limón.
En el estado Bolívar fue quemada la pista atlética que sería instalada en la Villa Olímpica “Ricardo Tulio Maya Cardona”, en Ciudad Bolívar y un autobús escolar de la CVG Ferrominera del Orinoco, en Puerto Ordaz.
En Valencia, estado Carabobo, fue afectada la sede de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), y fueron quemados 5 camiones pertenecientes a la red Productora y Distribuidora de Alimentos, 22 vehículos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), una camioneta de la Alcaldía de Puerto Cabello, un autobús de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (Unefa) y unidades de transporte público. Además, los manifestantes incendiaron la sede de la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación; un módulo policial en Naguanagua, y hubo saqueos a locales comerciales.
En el estado Lara los violentos causaron daños a las fachadas del Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Cantv y a la sede de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En el estado Mérida los manifestantes atacaron las instalaciones de la Cantv, el Instituto Nacional de Parques, el Hotel Venetur, la antigua sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), las agencias de los bancos Bicentenario, Venezuela, Exterior y Banesco, el módulo policial de San Jacinto, el comando de Tránsito Terrestre del municipio Alberto Adriani, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en el municipio Libertador, el Centro de acopio de la red Mercal, oficinas de Digitel y la prefectura de la parroquia Lasso de La Vega.
En el estado Táchira, los manifestantes quemaron la sede de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa), su biblioteca, y los autobuses que prestaban servicio a los estudiantes universitarios. Además, causaron daños y extrajeron equipos de computación de la sede del Ministerio del Ambiente en la cual funcionaba la Misión Sonrisa, y varias coordinaciones de la Corporación de Salud, y también vandalizaron las sedes de la Fundación de la Familia Tachirense, la Corporación Tachirense de Turismo, una sede del Saime en San Cristóbal, la Inspectoría del Trabajo, la Superintendencia de Costos y Precios, y la Unidad Coordinadora Estatal Regional de la gobernación tachirense. Asimismo, quemaron con bombas molotov nueve unidades de transporte público.

En el estado Zulia los manifestantes causaron daños y saqueos a las sedes del CNE, el Instituto Regional de Deportes y locales comerciales. Además, fueron incendiadas camionetas y autobuses estacionadas en la sede del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros de Maracaibo; así como una gandola que transportaba 26 toneladas de carne al Gran Abasto Bicentenario Maracaibo Norte.
Durante estos 5 meses de desmanes, la llamada gran prensa nacional publicaba partes de guerra apoyando las manifestaciones violentas, con titulares y primeras planas que quedaron como vergüenza impresa en la hemeroteca del periodismo venezolano.

2017: Derecha retoma el ciclo de violencia

El 30 de marzo de 2017, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges (partido Primero Justicia), entonces presidente del Parlamento; el diputado Freddy Guevara (partido Voluntad Popular), entonces vicepresidente del Parlamento; la dirigente de Voluntad Popular, Lilian Tintori; el entonces gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski; y los alcaldes de los municipios en los que gobernaban miembros de la coalición de partidos de la oposición denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), convocaron a una serie de acciones de calle, con el fin de exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que habían redactado las sentencias relacionadas con el desacato de la AN, la inmunidad parlamentaria y las competencias legislativas.

Al día siguiente, mediante un pronunciamiento público televisado a nivel nacional, la Fiscal General de la República para ese momento, Luisa Ortega Díaz, calificó estas decisiones del Máximo Tribunal del Poder Judicial como una “ruptura del orden constitucional”. Con ello, se dio apertura a una nueva ola de manifestaciones violentas en el país orientadas a procurar la renuncia del presidente de la República, Nicolás Maduro, y al adelanto de elecciones presidenciales antes de la culminación constitucional del mandato.

Al igual que ocurrió en 2014 durante las “guarimbas”, las manifestaciones violentas se fueron intensificando, a medida que los manifestantes partidarios de la oposición no lograban el resultado esperado. Asimismo, la inactividad de la Fiscal Ortega Díaz ante los actos cometidos por los manifestantes violentos, contribuyó con la escalada de violencia.

Al respecto, la máxima responsable de la institución justificó las posiciones violentas de los manifestantes durante una declaración a un medio internacional en la cual expresó que no se podía exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos “si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la Ley”.
Durante cuatro meses, los partidarios y seguidores de partidos de oposición realizaron 7.493 manifestaciones por motivos políticos, de las cuales 78,45 % fueron violentas y sólo 21,55% tuvieron carácter pacífico.

Hasta el 30 de julio de 2017, el Ministerio Público registró 121 personas fallecidas y 1.958 lesionadas.

De las 121 víctimas fatales, 62% (75 casos) de los fallecidos eran trabajadores y trabajadoras (comerciantes, enfermeras, obreros, mototaxistas, funcionarios policiales o militares, panaderos, carniceros, contadores públicos, entre otros); en tanto que 26% eran estudiantes (31 fallecidos); y en 12% de los casos no se ha determinado la profesión u oficio de la víctima.
La información oficial proporcionada por las instituciones y órganos competentes del Estado, indica que 72 de las personas asesinadas no participaban en las acciones violentas de la oposición (60%); es decir la mayoría de las víctimas estaban ajenas al conflicto político. Además, 42 de los fallecidos (35%) participaban activamente en estos actos; mientras que 7 de las víctimas (5%) no tienen determinada su participación en estas convocatorias violentas.
La información también señala que 71 personas fallecieron por heridas por arma de fuego (9 de ellas funcionarios de los cuerpos de seguridad).

16 por el uso desproporcionado de la fuerza de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en labores de orden público, quienes fueron pasados al Ministerio Público.
9 electrocutados mientras perpetraban saqueos.
7 a consecuencia directa de choques ocurridos al intentar esquivar barricadas.
6 fallecidos por impacto de proyectil de armas de fabricación casera.
4 casos de manifestantes de la oposición quienes fueron arrollados por conductores que trataron de superar estos bloqueos.
2 fallecidos mientras manipulaban artefactos explosivos de fabricación artesanal.
2 víctimas por inhalación de gases lacrimógenos mientras se encontraban en las cercanías de manifestaciones donde funcionarios de seguridad intentaban contener a las personas que cometían actos de violencia.
1 fallecido por linchamiento.
1 fallecimiento a causa de un traumatismo craneoencefálico severo con fractura abierta ocasionado por un objeto contundente arrojado desde un edificio.
1 fallecido al caer de un edificio.
1 fallecimiento en el que no hay un informe concluyente sobre el caso.
La violencia desatada por la derecha en Venezuela cesó de inmediato, luego que el pueblo venezolano votara masivamente el 30 de julio de 2017 en las elecciones para elegir la segunda Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del Poder Plenipotenciario en la historia del país.

Como evidencia de la conducta de medios privados que auparon la violencia, sus primeras planas son como una especie de epitafio con la que sepultaron su veracidad y credibilidad, y que se acumulan en esa Hemeroteca la Vergüenza del periodismo venezolano subordinado a un agente extranjero:

El 30 de marzo de 2017, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges (partido Primero Justicia), entonces presidente del Parlamento; el diputado Freddy Guevara (partido Voluntad Popular), entonces vicepresidente del Parlamento; la dirigente de Voluntad Popular, Lilian Tintori; el entonces gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski; y los alcaldes de los municipios en los que gobernaban miembros de la coalición de partidos de la oposición denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), convocaron a una serie de acciones de calle, con el fin de exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que habían redactado las sentencias relacionadas con el desacato de la AN, la inmunidad parlamentaria y las competencias legislativas.

Al día siguiente, mediante un pronunciamiento público televisado a nivel nacional, la Fiscal General de la República para ese momento, Luisa Ortega Díaz, calificó estas decisiones del Máximo Tribunal del Poder Judicial como una “ruptura del orden constitucional”. Con ello, se dio apertura a una nueva ola de manifestaciones violentas en el país orientadas a procurar la renuncia del presidente de la República, Nicolás Maduro, y al adelanto de elecciones presidenciales antes de la culminación constitucional del mandato.

Al igual que ocurrió en 2014 durante las “guarimbas”, las manifestaciones violentas se fueron intensificando, a medida que los manifestantes partidarios de la oposición no lograban el resultado esperado. Asimismo, la inactividad de la Fiscal Ortega Díaz ante los actos cometidos por los manifestantes violentos, contribuyó con la escalada de violencia.

Al respecto, la máxima responsable de la institución justificó las posiciones violentas de los manifestantes durante una declaración a un medio internacional en la cual expresó que no se podía exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos “si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la Ley”.
Durante cuatro meses, los partidarios y seguidores de partidos de oposición realizaron 7.493 manifestaciones por motivos políticos, de las cuales 78,45 % fueron violentas y sólo 21,55% tuvieron carácter pacífico.

Hasta el 30 de julio de 2017, el Ministerio Público registró 121 personas fallecidas y 1.958 lesionadas.

De las 121 víctimas fatales, 62% (75 casos) de los fallecidos eran trabajadores y trabajadoras (comerciantes, enfermeras, obreros, mototaxistas, funcionarios policiales o militares, panaderos, carniceros, contadores públicos, entre otros); en tanto que 26% eran estudiantes (31 fallecidos); y en 12% de los casos no se ha determinado la profesión u oficio de la víctima.
La información oficial proporcionada por las instituciones y órganos competentes del Estado, indica que 72 de las personas asesinadas no participaban en las acciones violentas de la oposición (60%); es decir la mayoría de las víctimas estaban ajenas al conflicto político. Además, 42 de los fallecidos (35%) participaban activamente en estos actos; mientras que 7 de las víctimas (5%) no tienen determinada su participación en estas convocatorias violentas.
La información también señala que 71 personas fallecieron por heridas por arma de fuego (9 de ellas funcionarios de los cuerpos de seguridad).

16 por el uso desproporcionado de la fuerza de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en labores de orden público, quienes fueron pasados al Ministerio Público.
9 electrocutados mientras perpetraban saqueos.
7 a consecuencia directa de choques ocurridos al intentar esquivar barricadas.
6 fallecidos por impacto de proyectil de armas de fabricación casera.
4 casos de manifestantes de la oposición quienes fueron arrollados por conductores que trataron de superar estos bloqueos.
2 fallecidos mientras manipulaban artefactos explosivos de fabricación artesanal.
2 víctimas por inhalación de gases lacrimógenos mientras se encontraban en las cercanías de manifestaciones donde funcionarios de seguridad intentaban contener a las personas que cometían actos de violencia.
1 fallecido por linchamiento.
1 fallecimiento a causa de un traumatismo craneoencefálico severo con fractura abierta ocasionado por un objeto contundente arrojado desde un edificio.
1 fallecido al caer de un edificio.
1 fallecimiento en el que no hay un informe concluyente sobre el caso.
La violencia desatada por la derecha en Venezuela cesó de inmediato, luego que el pueblo venezolano votara masivamente el 30 de julio de 2017 en las elecciones para elegir la segunda Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del Poder Plenipotenciario en la historia del país.

Como evidencia de la conducta de medios privados que auparon la violencia, sus primeras planas son como una especie de epitafio con la que sepultaron su veracidad y credibilidad, y que se acumulan en esa Hemeroteca la Vergüenza del periodismo venezolano subordinado a un agente extranjero:

Periodistas bajo ataques
En el marco de las acciones violentas de oposición, se registraron prácticas como amedrentamiento, agresiones a la integridad física, destrucción y robo de equipos (cámaras, micrófonos, teléfonos celulares, trípodes) y hostigamiento a través de redes sociales y de información contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación nacionales, tanto públicos como privados (Venezolana de Televisión, Venevisión, Televén, Globovisión, El Pitazo, La Iguana); e internacionales (Telesur, EFE, Reuters).

El 7 de abril de 2017, el periodista Luis Hugas, del medio digital La Iguana TV, fue señalado de “sapo” (delator) por el diputado y dirigente nacional del partido Voluntad Popular, Luis Florido. El periodista recibió con frecuencia amenazas de muerte, insultos y vejaciones.
El 8 de abril de 2017, durante la cobertura a una manifestación de la oposición al periodista de Venezolana de Televisión, Jesús Manzanares, le arrebataron el micrófono, recibió empujones y amenazas de golpes. El camarógrafo Johny Verdú sufrió heridas en una de sus manos, y fue golpeado fuertemente con un tubo en la pierna, por manifestantes que trataron de quitarle la cámara. Tras un forcejeo, el equipo fue dañado. A Manzanares, le gritaban: “Fuera, traidor!” y otra serie de insultos.
El 12 de abril de 2017, la periodista Mariana Mata Dugarte de VTV fue herida por un grupo de opositores, mientras evitaba que una mujer fuera pisada en los actos de violencia que se presentaron en una Basílica, en el centro de Caracas. Tuvo que ser levantada del piso, y ser trasladada a un centro hospitalario. En el lugar, también resultaron agredidas dos reporteras de Telesur, mientras tomaban declaraciones.
El 19 de abril de 2017, el periodista Manuel Cobela de Noticiero Venevisión fue agredido mientras cubría una protesta opositora. Los manifestantes le gritaban: “¡Son unos vendidos!”, “¡Fuera! ¡Fuera!, ¡No graben!”, “Nos vamos atrás de él”.
El 20 de abril de 2017, otra periodista de Noticiero Venevisión, Maoly Aldana, recibió gritos y amenazas durante una marcha opositora. Manifestantes la manotearon y no le permitieron cumplir con su trabajo. Le vociferaban: “¡Fuera! ¡Fuera!, ¡No graben!”.
El 1 de mayo de 2017, al reportero gráfico de la agencia EFE, Miguel Gutiérrez, intentaron despojarle de sus equipos. Gutiérrez estaba equipado con un chaleco que le identificaba con letras grandes como periodista, pero el grupo de encapuchados procedió a empujarle, a propinarle golpes y a darle con un tablón en la cabeza. Los manifestantes le arrancaron el casco y la máscara antigás, causándole una leve lesión en la oreja izquierda.
El 8 de mayo de 2017, un periodista de Globovisión Bernardo Luzardo, denunció sentirse consternado por la “salvaje agresión” que sufrió su equipo reporteril. El periodista expresó en su cuenta twitter: “Grupo de manifestantes en #Chacaíto rociaron con gasolina a mi equipo”. A los dos días, un vehículo donde se trasladaba este mismo equipo, claramente identificado con el logotipo del canal, fue atacado “con excremento, pintura y piedras por manifestantes en Altamira”. La información la dio a conocer el periodista Darvinson Rojas, a través de su cuenta twitter; quien, también, precisó que el conductor chocó el vehículo en medio de la persecución. Horas más tarde, el propio Bernardo Luzardo reveló que estuvieron “a punto de ser linchados por manifestantes opositores”.
El 29 de mayo de 2017, la periodista Elizabeth Ostos de ElpitazoTV fue atacada por un grupo de mujeres opositoras quienes la arañaron y la acusaron de ser una “reportera infiltrada chavista”.
El 31 de mayo de 2017, la corresponsal de Telesur, Abby Martin, declaró que tras un ataque a través de las redes sociales hecho por José Carrasquero (@botellazo), habría recibido amenazas de muerte; incluso, algunos han insistido en quemarlos vivos. Expresó que durante las manifestaciones de la oposición la amenaza recurrente era: “No grabes lo que hacemos”.
Finalmente, el 5 de junio de 2017 la periodista de Telesur Adriana Sivori, recibió un disparo por parte de manifestantes violentos de la oposición. La periodista declaró: “Muchos periodistas salimos bien temprano a hacer a nuestro recorrido. […] De un edificio, empezó una lluvia de balas hacia nosotros. Nosotros tratábamos de cubrirnos, gritábamos. Estábamos muy nerviosos, con miedo. Eran ráfagas y lanzaron bombas molotov. Dos bombas molotov cayeron sobre nosotros y, gracias a Dios, nos llenaron de gasolinas, pero no explotaron. […] Mientras salíamos del lugar me impactaron. El impacto fue en la espalda. […] Yo estaba con un casco, que decía ‘PRENSA’, ¡y mi casco brilla en la oscuridad! Ellos nos vieron, y eligieron dispararme a mí”.

Colofón:

Las manifestaciones promovidas a partir de abril de 2013, febrero de 2014 y marzo de 2017 tienen como factor común el uso de prácticas especialmente intensas y violentas por parte de los manifestantes en las calles quienes evidencian estar bajo un profundo sentimiento de odio y auxiliados por una logística extranjera que le proporcionaba vituallas, sustancias explosivas y armamento, apoyo mediático y financiamiento en divisas.

La violencia desatada en las calles ha estado orientada a interrumpir de forma forzada el período constitucional, obtenido legítimamente por la vía del sufragio, para debilitar la institucionalidad del Estado venezolano y causar crisis institucional y de gobernabilidad.

Con la progresión de los años se ha logrado observar un mayor grado de especialización de los manifestantes violentos, y desde 2015 amparados por el abierto aval del Poder Legislativo en manos de parlamentarios de la derecha, en desacato constitucional contumaz desde entonces.

Finalmente, las empresas privadas de comunicación social insistían –e insisten- en presentar a las guarimbas como “manifestaciones pacíficas”, con la exculpación pública a priori de manifestantes violentos, promoviendo la escalada de la violencia y sirviendo como factor de impunidad ante la presencia de sujetos armados en las manifestaciones.

Fuentes:

Informe La Verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios, Archivo VTV y MinCI