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Edgardo Toro Carreño

Luego del pseudoinforme publicado por la llamada “Misión de Determinación de Hechos” impulsada, promovida y financiada por el autodenominado Grupo de Lima en el marco de los trabajos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, obviamente con el aval del Departamento de Estado de Estados Unidos, responsablemente, el Estado venezolano a través de sus legítimas instituciones elaboró un trabajo de investigación, riguroso en metodología, con la finalidad de informar al mundo la verdadera situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.

El Estado venezolano –punto por punto- ha desenmascarado el contenido del pseudo informe financiado por los enemigos de patria, en un extraordinario trabajo denominado “La verdad de Venezuela contra la Infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio”, donde de manera detallada se denuncia la agresión multiforme vivida por la República Bolivariana de Venezuela durante el desarrollo de la Revolución Bolivariana.

Destacó el legítimo informe que son millones las falencias que el pseudoinforme mostró. Este adefesio claramente dejó en evidencia que la invaluable labor del respeto, garantía y protección de derechos humanos puede ser manipulada por los poderes fácticos para mentir, satanizar e incriminar a un legítimo Gobierno, como el venezolano, sólo por no seguir los dictámenes del Gobierno de EE. UU. y su política petrolera.

Es a través del legítimo informe elaborado por las instituciones del Estado venezolano que se muestran los innegables avances en materia de promoción y protección de derechos humanos, expresando el desarrollo de la nueva institucionalidad de su protección, las políticas públicas, las relaciones internacionales y la visión geopolítica y estratégica, como vanguardia en la batalla por promover los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de Naciones Unidas como el respeto a la soberanía, la integridad territorial, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia en los asuntos internos.

El infame informe omitió de manera descarada y evidente mencionar el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano. Cuestión que ha sido denunciado en varias oportunidades por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

Una “Misión de Determinación de Hechos” que irrespetó todos los pilares del diálogo genuino y la cooperación en materia de derecho internacional. Desde su génesis manifestaron su parcialidad al Grupo de Lima. Evidentemente la balanza se inclinó en virtud de los más de 5 millones de dólares que fueron habilitados para tan agresiva actividad, cuyo objetivo fue desacreditar al legítimo Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Es a través del legítimo informe del Estado venezolano que se logra desarticular tan infame pretensión. Letra a letra en materia de derechos humanos quedó demostrado que el infame informe jamás se pronunció sobre la realidad política, económica y social del pueblo venezolano. También dejó en evidencia que su pretensión es atacar las elecciones parlamentarias convocadas por el ente rector del país, el Consejo Nacional Electoral, para el mes de diciembre 2020.

Con informaciones falsas e imprecisas se pretendió satanizar a la Revolución Bolivariana en materia de derechos civiles y políticos. El legítimo informe demostró con pruebas fehacientes que el Estado venezolano ha abordado con seriedad el manejo de los derechos humanos, otorgándole el mismo estatus a todos, es decir civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, como lo consagra la Declaración y el Programa de Acción de Viena y demás instrumentos internacionales.

El pseudoinforme reconoce autoproclamaciones que no se encuentran contempladas en nuestro ordenamiento jurídico y ni el de ningún otro país. Responsabiliza de manera temeraria al presidente constitucional Nicolás Maduro y a altos representantes del Ejecutivo Nacional por supuestas violaciones de derechos humanos. Pero el pseudoinforme omitió denunciar el magnicidio financiado y promovido en Colombia bajo el auspicio del mismo autoproclamado… como diría Cantinflas “(…) allí está el detalle”.

Omitió el infame informe mencionar el extraordinario trabajo que el Estado venezolano ha desarrollado en el manejo del retorno de las personas migrantes a través de una política humanitaria llamada del Plan Vuelta a la Patria. Una política que garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación y xenofobia como lo consagra la Declaración y el Programa de Acción de Viena.

El legítimo informe mostró claramente cómo ha sido el abordaje del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, el Tribunal Supremo de Justicia y los órganos de administración de justicia del país, con la finalidad de garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa de todas las personas que se encuentran bajo un proceso judicial.

El legítimo informe destacó el arduo pero necesario y visible esfuerzo desempeñado por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, que ha reivindicado los derechos humanos de la población penitenciaria en Venezuela.

En fin, el pseudoinforme presenta un sinnúmero de errores semánticos, sintácticos y metodológicos que quedará para la historia como un condenable y vergonzante ejemplo de cómo utilizar el sistema de derechos humanos para atacar, asediar y mentir contra un Gobierno legítimo y responsable como el venezolano.

Han sido miles los ataques en el ámbito nacional e internacional promovidos e impulsados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, los miembros del Grupo de Lima y otros tarifados como el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, las corporaciones mediáticas y otro montón de gente que tiene instrucciones directas de socavar nuestra soberanía y promover un golpe de Estado en Venezuela.

El Estado venezolano seguirá garantizando la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo venezolano, en estricto apego a los principios del derecho internacional, a través del diálogo genuino y la cooperación como pilares fundamentales del multilateralismo.

Felicitamos al trabajo de la Cancillería venezolana que ha sido vanguardia política de la denuncia ante el mundo de los constantes ataques, robos e infamias promovidas por los enemigos de la patria.

Seguiremos apoyando las causas justas y la creación de un orden internacional democrático y equitativo como única vía para alcanzar el derecho a la paz y al desarrollo de los pueblos.