Noticias
Alfredo Carquez Saavedra
El plan de despojo de los activos petroleros de la República Bolivariana de Venezuela viaja por el canal rápido de la autopista. Solo un hecho resulta en toda una novedad, luego de décadas de pasos calculados por otros pillos que lo hacían cuidadosamente lento, para no levantar sospechas y la ira y resistencia de sectores políticos nacionalistas y recelos en buena parte de la opinión pública.
Lo que ha hecho la banda de Juan Guaidó al apropiarse de algunas migajas y entregarle la parte del león (empresas, cuentas bancarias, lingotes de oro y demás bienes) al tesoro de Estados Unidos, a la banca de Inglaterra y Portugal y a su compinche, Iván Duque, es ir con los tiempos del siglo XXI en los que las manecillas del reloj parecieran girar más rápido que en el pasado.
Vale decir que si se hurga un poco en el pasado reciente, veremos que eso de jugar a favor de los intereses del capital transnacional ha sido costumbre reiterada en algunos sectores de la derecha criolla.
Tomemos como ejemplo el caso de la Apertura Petrolera. Sin embargo, antes habría que decir, en favor de los viejos actores que la diseñaron y ejecutaron, que al menos tuvieron la virtud de la paciencia y la elegancia de armar sus planes con más seso y discreción que los desaforados, avariciosos y traidores embajadores, asesores y procuradores de mentira del autoproclamado.
La Apertura Petrolera se inició a comienzos de los años 80 con la política de internacionalización que, entre otras cosas, sirvió para hacerse de refinerías y oleoductos en algunos países europeos y en Estados Unidos.
Como parte de esa estrategia se adquirió Citgo Petroleum Corporation en dos fases. La excusa para tales decisiones era garantizar la colocación del crudo pesado venezolano en los mercados internacionales y lo que realmente sucedió fue que tales negocios se transformaron una una |especie de gigantescas succionadoras de recursos financieros y de generadoras de costos para la República.
Mas tarde, pero siempre de manera coordinada, consecuente y sostenida, continuaron dándose los pasos necesarios para concretar la futura privatización de Petróleos de Venezuela S.A. Esto incluyó la complicidad de miembros de la entonces Corte Suprema de Justicia que habían sido altos ejecutivos de la empresa estatal; renombrados bufetes de abogados, políticos, empresarios locales y extranjeros y dueños de medios de comunicación generosamente pagados para realzar las supuestas ventajas de esta alternativa y silenciar u opacar cualquier atisbo de crítica.
Así se aprobaron en diferentes fases y años los Convenios Operativos, las Asociaciones Estratégicas y las Asociaciones de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas. Con cada avance se hacía más agresiva la apuesta con miras a lograr la meta antes señalada: poner en venta al capital privado internacional parte de PDVSA.